España es uno de los países en los que más mascotas viven en el hogar. Y todo va bien hasta que la pareja y sus dueños deciden divorciarse, separarse o dejar de ser pareja, en función de la situación legal de cada uno. Son casos en los que la mascota está en medio porque las dos personas le tienen cariño, el can es un miembro más de la familia e, incluso, puede que la decisión de tener un perro en el hogar fuera mutua. Y, en estas situaciones, ¿qué sucede con el perro? ¿Con quién se tiene que ir a vivir?
Las situaciones
En general, todo dependerá de quién sea el dueño de la mascota. Lo más común es que, evidentemente, se la quede la persona de la pareja que es su dueña.
Además, en el caso de haber sido un regalo, también es frecuente que se la quede la persona que la recibió como presente.
No obstante, hay personas que deciden tener como una especie de custodia compartida de la mascota, de manera que disfrutan de ella un tiempo cada uno de los dos miembros de la pareja.
La legislación
Estos supuestos, en la práctica, no son tan sencillos porque, en ocasiones, el divorcio o la separación no suele ser amistosa y las peleas o puntos de desencuentro se producen también en relación al perro.
Son situaciones que no son extrañas y que llevó a que se tuviera que legislar en España para tratar de poner orden y de solventar estos problemas.
En líneas generales, puede decirse que la mascota tendría que quedarse con su responsable legal. Es decir, cuando se compra o se adopta, se tiene que hacer un registro como dueño y responsable legal, siendo además quien debe firmar el seguro de animales, convirtiéndose así como la persona que tendría que hacer frente a posibles sanciones administrativas.
En la legislación, recientemente, se han producido algunos cambios, de manera que los perros u otras mascotas no pueden repartirse en un proceso de divorcio como si fueran un televisor o silla que se ha adquirido durante el período de convivencia.
Esto abre las puertas a que se llegue a un acuerdo entre ambos a través del diálogo. Pero, si no hay consenso, el dueño es quien figure en el registro de mascotas como responsable del perro.
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